A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el artículo 52 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, sobre procedimiento de creación de comisiones de investigación, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL y el Grupo Parlamentario MIXTO, presentan la siguiente propuesta de creación de una Comisión parlamentaria de investigación sobre corrupción política y sus vinculaciones con la financiación irregular e ilegal de partidos políticos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A través de la investigación judicial aparecen determinados casos de posibles corrupciones políticas que en caso de probarse, supondrían la existencia de un sistema articulado de financiación ilegal, de corrupción masiva y organizada, vinculada a determinados partidos políticos.

Desde casos ya lejanos en el tiempo como “Filesa” o “Naseiro”, a casos que actualmente están siendo investigados cómo, entre otros, “Gurtel” o el referente a lospapeles de Bárcenas, e incluso los muy recientemente juzgados como “Pallerols” -consentencia condenatoria como responsable civil a Unió Democrática de Catalunya porhaberse financiado ilegalmente-, evidencian las conexiones entre la corrupción política y la financiación de partidos políticos, y las lagunas o deficiencias de nuestra legislación en esta materia.

La gravedad de los casos de corrupción en los que están implicados ex altos cargos y cargos de gobiernos autonómicos, diputados y dirigentes de partidos políticos, como los casos de Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid o Cataluña, etc. los casos de corrupción política en municipios como Santiago de Compostela o Sabadell, entre otros, hacen imprescindible abordar esta alarmante situación de forma específica a través de una comisión de investigación que permita profundizar en los casos de corrupción política, elaborar las respuestas que espera la sociedad para combatir la corrupción y la vinculación de determinadas tramas con la supuesta financiación irregular e ilegal de los partidos políticos.

Resulta impensable que en un Estado plenamente de Derecho como el nuestro, integrado en la Unión Europea, surjan con demasiada frecuencia casos de corrupción, delitos fiscales, blanqueo de capitales, prevaricación y otras figuras delictivas como el cohecho o la malversación de caudales públicos. En todos ellos existen circunstancias comunes, como el movimiento de grandes sumas de dinero, el enriquecimiento desproporcionado de algunas personas, la utilización de redes de sociedades interpuestas, la utilización de testaferros y paraísos fiscales que proporciona a los corruptos la opacidad y el anonimato necesario para ocultar las rentas provenientes de sus actividades delictivas, blanquear el dinero y evadir impuestos. Por ello es importante actuar en todos los ámbitos nacionales, europeos e internacionales hasta combatir eficazmente la corrupción política.

Cuando incurren en el delito de corrupción, los cargos electos o con responsabilidades en las Administraciones Públicas desprecian los principios democráticos de honradez, transparencia, rendición de cuentas y vocación pública que legitiman la delegación de soberanía que el pueblo les confiere.

En cualquier caso, la percepción que produce en la ciudadanía los casos de corrupción política, la vinculación de estas tramas con la financiación de los partidos políticos irregular, ilegal o corrupta es de desaliento y de alejamiento de la política.

Perciben que de nada sirve su participación política si las decisiones se toman de conformidad a los intereses de quienes financian a los partidos. El mensaje que se les envía es incompatible con un sistema de alta calidad democrática, e incompatible con el ideal mismo de la democracia.

Por último, no debemos pasar por alto las conclusiones recogidas en el informe emitido en abril de 2011 por el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, por ejemplo, suspendía a España por no haber cumplido ninguna de sus recomendaciones para subsanar las deficiencias existentes en el sistema de financiación de las formaciones políticas. Según este informe, las cuentas de las agrupaciones locales siguen siendo opacas; no se presenta información suficiente sobre las fundaciones vinculadas a partidos o sobre las (altísimas) deudas de éstos con las entidades de crédito; no existe una regulación para determinar el límite de endeudamiento o las condiciones de los préstamos, que pueden llegar a confundirse con donaciones; las contabilidades de los partidos siguen criterios diferentes, y resulta muy complicado compararlas entre sí; no se destinan bastantes medios para el control interno, no se realizan auditorías externas…

COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO

1. Composición: La comisión de investigación estará integrada por 3 representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de 100 diputados en la Cámara y 2 representantes de cada uno de los grupos de los demás Grupos Parlamentarios.

2. Adopción de acuerdos: Los acuerdos se realizarán con criterio de voto ponderado, establecido en el artículo 52.3 del Reglamento

3. Objeto: Examinar la luz de los casos recientes de corrupción política las conexiones con la financiación irregular e ilegal de partidos políticos, para la elaboración de recomendaciones que permitan la prevención y la lucha eficaz contra corrupción política, así cómo un sistema de financiación de los partidos políticos transparente. A tal efecto se abordaran entre otras cuestiones, las siguientes:

• Estudio de los casos de posible corrupción política desde una óptica integral, para la propuesta de medidas multidisciplinares que permitan una lucha más eficaz.

• Estudio de la vinculación de tramas de corrupción vinculadas a la financiación irregular e ilegal de partidos políticos

• Medidas relativas a la persecución de los delitos relacionados con la corrupción y la recuperación de las cantidades sustraídas. Ampliación de los tipos penales y endurecimiento de las penas establecidas en el Código Penal para los corruptos y para los corruptores públicos y privados. Inclusión en el Código Penal del delito de soborno impropio y la financiación ilegal de los partidos políticos.

• Incorporación al ordenamiento legal de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa.

• Medidas de control de los procesos de contratación de las Administraciones Públicas.

• Medidas que garanticen la transparencia e información pública de partidos políticos.

• Medidas que mejoren el régimen incompatibilidades de los cargos públicos.

• Medidas para facilitar la investigación, el control y la fiscalización de las cuentas públicas.

• Medidas eficaces para el control de la financiación de las campañas electorales.

• Reformas en la financiación de los partidos políticos.

• Reforma del Tribunal de Cuentas.

4. Trabajo a realizar: Para realizar el trabajo de la comisión se realizarán todo tipo de actividades que se concretarán en un Plan de trabajo a propuesta de los Grupos Parlamentarios con la documentación a solicitar, información del Gobierno, de otros gobiernos relacionados, de organismos internacionales, de afectados y con la realización de las comparecencias necesarias.

5. Duración: El plazo para la realización de los trabajos de la comisión de investigación será de seis meses, desde su constitución.

6. Conclusiones de la Comisión: Serán aprobadas por el Pleno de la Cámara y publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicadas al Gobierno y en su caso trasladadas por la Mesa del Congreso al Ministerio Fiscal, si procede.

Palacio del Congreso de los Diputados, Madrid 29 de Abril 2014

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