A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, presenta la siguiente Enmienda a la Totalidad al PROYECTO DE LEY de Responsabilidad Medioambiental. (Núm. expediente 121/000077).

Exposición de motivos

En primer lugar, el procedimiento legislativo seguido por la ley ha obviado al Consejo Económico y Social cuando este organismo trata cuestiones directamente relacionadas con el contenido de la ley dentro del ámbito de su función informadora. Tampoco se ha solicitado, como señala el Consejo de Estado el informe al Consejo Fiscal que si tuvo la oportunidad de informar la ley en vigor. Pero no nos sorprende que el Gobierno limite el debate y la participación en la elaboración legislativa teniendo en cuenta la experiencia legislativa en lo que llevamos de legislatura.

Desde la Izquierda Plural cuestionamos la oportunidad de llevar a cabo una modificación de la ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, porque en estos mismos momentos la UE está estudiando la reforma de la Directiva 2004/35/CE, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.

No es oportuno ni responsable ni comprensible llevar a cabo una modificación de la ley cuando en el seno de la Unión Europea pueden cambiar el marco normativo; esto implicará una situación de provisionalidad o transitoriedad de la ley vigente que no favorece ni la seguridad jurídica y ninguno de los objetivos que supuestamente esta norma dice perseguir. Lo que puede suponer que en breve haya que volver a revisar esta ley para adecuarla a la Directiva.

En cuanto al contenido, no compartimos la necesidad de cambio de la ley 26/2007, de responsabilidad ambiental. Entendemos que lo que es necesario es el desarrollo reglamentario en cuanto a las garantías financieras, y esto es lo que este Gobierno debería haber desarrollado en lugar de reducir la protección medio ambiental y la seguridad. Lo que persigue el Gobierno con esta modificación es desmontar el sistema de garantías eximiendo al 98% de las actividades económicas de dichas garantías. No deja de sorprendernos la perversión de justificar este proyecto de ley bajo el objetivo de reforzar los aspectos preventivos, cuando precisamente lo que hace es diametralmente opuesto ya que elimina la mayor parte de las garantías y los instrumentos de prevención y reparación económica existentes.

La ley 26/2007, transponía la Directiva e incorporaba su recomendación de incentivar la garantía financiera obligatoria para hacer frente a la posible responsabilidad ambiental del operador. Desde entonces, el desarrollo de este requisito legal, se ha visto ralentizado y, finalmente nunca ha sido puesto en marcha.

La ley de 2007 obligaba a 320.000 operadores a contratar estos seguros. Este proyecto de ley exime al 98% de esas empresas: solo se les exigirá a 5.470.

Esta exención incluso ha sorprendido al Consejo de Estado. Esto supone una involución en la protección de los intereses colectivos ante los riesgos medio ambientales de muchas actividades, socializando esos riesgos y costes al conjunto de la sociedad.

Pero es que además, al escaso número de actividades a las que se les exige la garantía, les concede un principio de voluntariedad y no de obligación.

En vez de ser la Administración la que determine la responsabilidad de cada empresa (tal y como sucedía con la ley vigente) ahora el operador que esté obligado a constituir la garantía será el que determine su cuantía a partir de la realización del análisis de riesgos de su actividad, y quien comunique a la autoridad competente la constitución de la misma.

Es como si el principio el que contamina, paga pasara a ser voluntario. Así, todo queda en manos del operador. El mismo se evalúa su propio riesgo y decide la cuantía de la garantía.

Parece que el Gobierno no quiera recordar los errores pasados. Los 89 millones de euros que el Estado tuvo que pagar por Aznalcóllar cuando Boliden se declaró en quiebra, o los 165 millones de euros para limpiar los vertidos de Erkimia, el desastre del Prestige o sin ir tan lejos, de la plataforma Castor.

Incluso el Consejo de Estado pone de relieve las graves deficiencias del ordenamiento español, que carece de un sistema mínimamente garante de prevención, evitación y reparación de los daños al medio ambiente. Las leyes de este país, así como su gobierno, a diferencia de muchos países europeos no han entendido que el principio de que quien contamina paga no es un sistema de búsqueda de culpables sino una regla de responsabilidad objetiva.

Por las razones antes expuestas, tanto las cuestiones de contenido, como también de oportunidad y de procedimiento de la norma consideramos que el Gobierno de España debe retirar este proyecto de ley.

 Palacio del Congreso de los Diputados, Madrid a 11 de marzo de 2014

 

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