A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, presenta
la siguiente Enmienda a la Totalidad de devolución al Proyecto de Ley
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
(121/0000019).
Palacio del Congreso de los Diputados
Madrid, a 21 de mayo de 2013
Fdo:Joan Josep Nuet i Pujals Fdo: José Luis Centella Gómez
Diputado Portavoz
Enmienda a la Totalidad de devolución al Proyecto de Ley de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
En este caso, la enmienda de totalidad que presenta el Grupo
Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural se justifica
plenamente en las enormes deficiencias que plantea la regulación
contenida en el Proyecto de Ley sobre las garantías de transparencia de
las instituciones públicas y el desarrollo del derecho de acceso a la
información pública. Existen importantes carencias y exclusiones que
alejan al Proyecto de Ley de los estándares internacionales mínimos en
esta materia, que ni siquiera se ajusta al Convenio del Consejo de Europa
sobre acceso a los documentos públicos de 27 de noviembre de 2008.
Estas deficiencias han sido puestas de relieve por numerosas
organizaciones, la Comisión de Expertos y organismos internacionales
como la Oficina del Representante para la Libertad de los Medios de
Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en
Europa (OSCE)
Nuestro Grupo Parlamentario no cuestiona la necesidad del mismo ni su
oportunidad. Al contrario, consideramos que llega muy tarde y muy
mermado en su contenido. No podemos olvidar que numerosas
organizaciones vienen reclamando desde hace muchos años una Ley de
transparencia y la regulación del derecho a la información pública. A
diferencia de todos los países de nuestro entorno, España es el único que
no tiene un marco legislativo que garantice el derecho al acceso a la
información pública a pesar de que ha estado presente en las campañas
electorales e incluso los debates de investidura, convirtiéndose en
compromisos incumplidos, como sucedió en 2004 y 2008.
El actual Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno venía precedido de una consulta pública, “un acto
de transparencia misma” en palabras de la Vicepresidenta del Gobierno.
Sin embargo, en la práctica este proceso ha sido más bien lo contrario, un
proceso opaco y confuso, tanto por el resultado de las pocas aportaciones
incorporadas al texto, calificadas por el informe OSCE de “cambios
cosméticos”, como por la falta de información, transparencia y publicidad
del “innovador procedimiento de tramitación”.
En definitiva, en su redacción actual, y con el corto recorrido caminado en
la tramitación, podemos concluir que, tras desoír a expertos y ciudadanía,
no satisface a nadie, se considera que no supondrá una mejora en la
calidad democrática.
Entrando en las cuestiones de fondo que justifican esta enmienda
debemos observar que el Proyecto de Ley no reconoce el carácter de
derecho fundamental al derecho de información pública. El Gobierno
renuncia a regular su anclaje en el artículo 20 de la CE, y por tanto, su
desarrollo a través de Ley Orgánica y esta es una cuestión central, en la justificación del rechazo de nuestro Grupo Parlamentario a esta iniciativa.
Además el derecho de información pública está vinculado directamente a
la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social (Art. 9) y a participar en los asuntos públicos (Art. 23)
El derecho al libre acceso a la información esta reconocido como un
derecho fundamental en la legislación internacional debido a la naturaleza
representativa de los gobiernos democráticos, es un derecho esencial
para promover la transparencia de las instituciones públicas y para
fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones.
El derecho de acceso a la información, un derecho fundamental:
España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes
que no cuenta con una ley de acceso a la información pública a pesar de
que la a la luz de la Constitución Española es un Derecho Fundamental.
El artículo 10.2 de la CE establece que “Las normas relativas a los
derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce
se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las
mismas materias ratificados por España.” El artículo 20.1.a que reconoce
la libertad de expresión deberá ser interpretado según la Declaración
Universal de Derechos Humanos que reconoce el derecho de acceso a la
información como parte inherente a la Libertad de Expresión.
Reconocimiento internacional del carácter fundamental del derecho
de acceso a la información pública:
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones unidas reconoce en
sus observaciones generales al artículo 19 de la Declaración Universal de
Derechos del Hombre que el derecho de acceso a la información como
parte inherente y esencial para la libertad de expresión.
También el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho
a la libertad de opinión y de expresión de las Naciones Unidas declaró
que el derecho de acceso a la información está protegido en base al
artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y además
apuntaba que “el derecho de buscar información o de tener acceso la
información es uno de los elementos esenciales de la libertad de
expresión”. Desde entonces referencias al derecho de acceso a la
información se pueden encontrar en cada informe anual de dicho Relator.
Además, en una declaración conjunta de los relatores de libertad de
expresión de la ONU, la OEA y la OSCE hecha en diciembre de 2004,
apuntaban que: “El derecho de acceso a la información en manos de las instituciones
públicas es un derecho fundamental que debería ser reconocido a nivel
nacional a través de una legislación adecuada basada en el principio de
máxima publicidad, estableciendo el principio de que toda la información
es pública, publicidad que únicamente podrá limitarse por una lista de
excepciones establecidas mediante ley.”
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido en sus
sentencias Társaság a Szabadságjogokért vs Hungary y Kenedi vs
Hungary el carácter fundamental del derecho de acceso a la información.
Concretamente, el TEDH reconocía que el derecho de acceso a la
información veía su naturaleza reforzada por ser la administración pública
un monopolio, único poseedor de esta información:
La Corte Interamericana de derechos humanos también reconoció en la
sentencia del Caso Claude Reyes vs Chile el carácter fundamental del
derecho de acceso a la información, estableció en el párrafo 77 de su
Sentencia:
“En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el
artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a
“buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda
persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado,
con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la
Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las
personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de
suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer
esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún
motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la
misma para el caso concreto.”
La Ley Modelo de la Organización de Estados Americanos reconoce el
carácter fundamental del derecho de acceso a la información pública.
DESTACANDO:
Que el acceso a la información es un derecho humano fundamental del
hombre y una condición esencial para todas las sociedades
democráticas;”
Reconocimiento nacional del carácter fundamental del derecho de
acceso a la información pública
La configuración como derecho fundamental es ya una realidad en otros
muchos países. Numerosas Constituciones de todo el mundo reconocen y
protegen el derecho de acceso a la información pública:
· 12 países en América: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela;· 18 países en Europa reconocen claramente este derecho: Albania,
Bulgaria, República Checa, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Lituania,
Moldavia, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia,
Eslovaquia, Eslovenia y Suecia;
· 7 países en Europa reconocen relativamente este derecho: Austria,
Azerbaiyán, Bélgica, Georgia, Macedonia, Rusia, Ucrania;
· 6 países en Asia y en el Pacífico: Nepal, Nueva Zelanda, Papúa
Nueva Guinea, Filipinas y Tailandia; y
· 16 países en África: Burkina Faso, Camerún, República
Democrática del Congo, Eritrea, Ghana, Guinea Bissau, Kenia,
Madagascar, Malawi, Marruecos, Mozambique, Senegal, Seychelles,
Sudáfrica, Tanzania, y Uganda.
Además, en al menos cinco países, Canadá, Francia, India, Israel y Corea
del Sur, el Tribunal Supremo/Constitucional ha reconocido el derecho de
acceso a la información pública interpretando la Constitución u otras leyes
fundamentales.
En otros países como Paraguay, Uruguay y Rusia, fueron tribunales de
primera instancia los que reconocieron este derecho como fundamental.
Colisión con la Ley Orgánica de Protección de Datos
Las consecuencias de la no admisión del derecho de acceso a la
información (transparencia) como derecho fundamental son notables, no
puede generarse un buen texto para la Ley de Transparencia sin
establecer una cuidadosa revisión de la vigente Ley Orgánica de
Protección de Datos (LOPD), acometiendo simultánea o paralelamente
las reformas de la citada LOPD y de su Reglamento, que fueran precisas.
De lo contrario, podemos encontrarnos con una Ley de Transparencia que
autorice el acceso a un cúmulo de documentos en los que los datos
personales presentes en ellos se vean después sometidos a obsoletos
impedimentos de tratamiento y divulgación.
Podría producirse así la paradoja de que ciertos datos personales de
diputados, altos cargos, receptores de subvenciones públicas, etc.
pudieran ser accesibles para cualquier solicitante para a continuación
generar un expediente de sanción por parte de la Agencia de Protección
de Datos si su mención o divulgación posterior a través de páginas web,
blogs, redes sociales o incluso cualquier medio de comunicación social
más institucionalizado no cumpliera las duras exigencias de la
autorización expresa por el sujeto afectado. Podríamos así enterarnos de
quién es el receptor de una subvención o de la declaración de bienes e
intereses de un diputado pero ser sancionables por vulnerar la privacidad
de datos de carácter personal, si divulgamos después el citado dato.
Conviene además recordar que al tener la regulación de Protección de
Datos rango de Ley Orgánica, y en principio, y en el Proyecto de Ley en su redacción actual, tampoco está previsto ese rango, los conflictos entre
ambas tenderían a decantarse a favor de la primera (otra razón por la cual
sería vital que la Ley de Transparencia se articule también como
Orgánica).
Si realizamos una atenta lectura de la vigente LOPD y de su Reglamento,
para desarrollar una regulación eficaz de la transparencia de la
información pública acorde con los estándares democráticos
internacionales, hay que percibir los tremendos obstáculos que
previamente están insertos en nuestro ordenamiento jurídico, el cual
requiere un importante expurgado o concordancia transversal, que incluso
debiera afectar como mínimo a la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común y a la Ley
Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere al acceso a las sentencias
–cuestión detallada en el Reglamento sobre los aspectos accesorios de
las actuaciones judiciales-.
Otras cuestiones determinantes:
1. El Proyecto de Ley en su redacción actual ni siquiera cumple los
estándares mínimos que marca el citado Convenio del Consejo de
Europa sobre acceso a los documentos públicos, que aún no ha sido
ratificado por España.
2. La propia definición de la información es insuficiente.
Igualmente en este apartado ni siquiera llega a los mínimos recogidos en
el Convenio del Consejo de Europa. La redacción del Proyecto de Ley es
sumamente restrictiva porque incluye en la definición de la información
una serie de excepciones que son absolutas, que en la práctica suponen
la exclusión de toda la información no administrativa. Se ha mejorado la
definición de información pública (artículo 10) a lo largo del proceso
consultivo para que fuese lo menos excluyente posible. Sin embargo, esta
definición es aún incompleta porque no se menciona que se podrá
solicitar información sin importar el formato en el que esté almacenada la
información. El Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a
documentos públicos establece como definición de información: “toda la
información registrada [archivada] de cualquier forma, elaborada o
recibida, y en posesión de las autoridades públicas”. Además, aunque es
acertado mencionar que se podrá acceder a la información que haya sido
“elaborada o adquirida en el ejercicio de las funciones de los sujetos
obligados” (artículo 10), esto se contradice directamente con el artículo
16.4, que establece que “Cuando la información objeto de la solicitud, aun
obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o
generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la
solicitud a éste para que decida sobre el acceso”, haciendo muy
ineficiente el acceso. Bastaría entregar la información que tiene el la
entidad pública haciendo referencia al sujeto que la generó por si el
peticionario de la información cree necesario dirigirse a la fuente para
conocer alguna posible modificación de la información, pero ello se puede
establecer en el reglamento de desarrollo. Por último, es importante señalar la labor de los poderes públicos en la recogida de datos e
informaciones esenciales para el correcto funcionamiento de la sociedad.
Así por ejemplo, diversos Comités de Naciones Unidas como el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial, Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, Comité contra la Tortura, han exigido a
España la recogida de datos sobre menores, racismo, discriminación,
malos tratos policiales etc. Como ejemplo mencionaremos que el Comité
contra la Tortura pidió a España que recopilara datos ciertos y fiables
sobre actos de tortura y malos tratos tanto en custodia policial como en
otros lugares de detención y el Comité DESC pidió recogida de datos
sobre personas sin hogar después de adoptar una definición sobre este
fenómeno
3. La publicación proactiva de las Administraciones Públicas y
demás Instituciones y organismos públicos es claramente insuficiente. El
Proyecto de Ley prevé que hay cierto tipo de información que debería
hacerse pública en cualquier caso y aunque nadie la solicite. En su
capítulo segundo se cita la publicación de información relativa a la
organización, las normas, el presupuesto, la contratación pública o las
subvenciones. Además de lo ya mencionado en el punto anterior,
detectamos cuatro problemas adicionales. Consideramos que dentro de la
lista de información que debería hacerse pública tendría que incluirse un
listado de toda la información que tienen en su poder, así como sus
publicaciones. Esto, además de facilitar al solicitante el acceso, repercute
en una mayor eficiencia de gestión de la información para las instituciones
públicas. El Proyecto de Ley no incorpora la publicidad de los informes
finales derivados de las actuaciones de Auditoría y Fiscalización llevadas
a cabo por los órganos de control interno de las distintas Administraciones
públicas, carencia que resta transparencia e información a los ciudadanos
e impide, o al menos dificulta, el control social de las Administraciones
públicas..Es preocupante la inexistencia actual de información pública
sobre el patrimonio (edificios, terrenos, vehículos, bienes muebles y
suntuarios etc.) que poseen los más de 21.000 organismos públicos
existentes en España. Sería muy importante y oportuno que la futura Ley
de Transparencia estableciese la obligatoriedad de que las entidades
públicas publicasen el patrimonio de las que son titulares, y que tienen
derecho a conocer los ciudadanos. No estamos hablando de generar un
documento nuevo, sino de publicar uno ya existente. Todas las entidades
públicas tienen la obligación de formular un Inventario de bienes y
derechos debidamente actualizado. Es cierto que se está incumpliendo,
por lo que sería posible establecer una moratoria para cumplir esta
obligación.Se plantea la creación de un portal de la transparencia sin
haber hecho ningún estudio previo sobre si ésta es la solución más
adecuada. En muchos países se ha optado por publicar la información en
las páginas web de cada institución, que es la forma más intuitiva de
buscarla. Además, la solución de crear un portal sólo será obligatoria para
la Administración General del Estado, quedando en el aire la solución que
adoptarán las diferentes Comunidades Autónomas o Entidades Locales.
La proliferación de este tipo de portales sin una coherencia puede provocar una inseguridad a la hora de encontrar la información, además
de un gasto extra que podría no ser necesario. Un ejemplo claro y
reciente similar a este ha ocurrido con los múltiples portales Open Data
abiertos en España.
4. El Proyecto de Ley establece exclusiones inaceptables, que
anulan o limitan el derecho de acceso a la información. La aparición en la
Ley, comprometida por la negociación realizada por el Gobierno, de la
Corona no es, en absoluto, suficiente para una democracia parlamentaria
que se precie de tal nombre, al igual que la actividad no administrativa del
poder legislativo y judicial o quiénes hacen “lobby” en el Congreso de los
Diputados, cuestión que nuestro Grupo Parlamentario ya ha llevado a la
Cámara. El artículo 2.1 enumera todos las instituciones que se ven
afectadas por la ley y deja fuera, en el 2.1.f, toda la información que no
esté sujeta a derecho administrativo del Poder Legislativo y del Poder
Judicial, así como del Tribunal Constitucional y el Consejo General del
Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal
de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones
autonómicas análogas. Así la ley no cumpliría con los estándares
internacionales, que establecen que el derecho de acceso a la
información debe ser aplicable a todas las instituciones públicas. En
concreto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU marca claramente
que el derecho de acceso a la información puede ejercitarse sobre toda la
información en manos de toda entidad pública.
“18. Para dar efecto al derecho de acceso a la información, los Estados
partes deberían proceder activamente a la incorporación al dominio
público de la información del gobierno que sea de interés público.”
El Comité define “el gobierno” como “Todos los poderes del Estado
(ejecutivo, legislativo y judicial) y otras autoridades públicas o de
gobierno, cualquiera que sea su nivel (nacional, regional o local)”.
Con independencia de un posible límite al acceso a los documentos
públicos de la Casa Real, Familia Real, Corona o Jefatura del Estado
prevista en el artículo 3, párrafo 1 in fine del Convenio Europeo, parece
claro que dicha institución es pública y debe someterse como tal a la
transparencia. La razón de incluir a los partidos políticos, sindicatos,
organizaciones empresariales y aquellas organizaciones que tengan
como mínimo un 20% de financiación pública se argumenta no sólo por la
función pública que realizan, también por el hecho que una parte
cualitativa de su financiación corresponde a dinero público. La rendición
de cuentas de los partidos políticos está regulada por la ley de
financiación de partidos políticos, que ha demostrado ser ineficaz, es
necesario que la transparencia alcance a estas entidades para que los
ciudadanos recuperen su confianza en ellas.5. Regula el silencio administrativo, cuando debiera establecerse
el silencio positivo para los casos de solicitudes de información. Esta
previsión recogida en el Proyecto de Ley es completamente incompatible
con el principio de publicidad y con la obligación de motivar las
denegaciones de información. Según la actual redacción de la ley en el
artículo 17.4, si transcurre el plazo para contestar y la institución a la que
se ha solicitado la información no contesta, se entiende por denegada la
solicitud. Esta disposición se sale de la norma general establecida en el
artículo 43.1 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Teniendo en cuenta que en España, de media, más del 50% de las
solicitudes quedan sin respuesta, establecer un silencio negativo tendría
consecuencias especialmente negativas en la implementación de la ley de
transparencia y harían este proceso más lento y menos eficiente.
6. El órgano de supervisión y tratamiento en primera instancia de
los recursos derivados de la aplicación de la Ley también tiene carencias
importantes que ponen en duda la independencia del mismo. El Proyecto
de Ley crea un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda en lugar
de crear órgano independiente encargado de tutelar y promover tanto la
transparencia como el derecho de acceso a la información pública. Este
organismo, en su concepción actual dependiente del Ministerio de
Hacienda, no resulta suficiente para proteger el derecho de acceso a la
información pública por su falta de independencia. Esto implica que la
Administración sería juez y parte a la hora de conocer sobre los conflictos
que se recurran. Sin embargo, una agencia similar a la que se solicita, la
Agencia de Protección de Datos, sí es independiente y por ley se estipula
que es “un ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y
plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de
las Administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones. Se regirá
por lo dispuesto en la presente Ley y en un Estatuto propio, que será
aprobado por el Gobierno”. Creemos que una definición similar debería
establecerse para el Órgano encargado de hacer efectivo y promover el
derecho de acceso a la información pública y la transparencia.
Por otro lado, no es aplicable ante todas las denegaciones: Según lo
establecido en el artículo 20.2, este organismo no podrá conocer de los
conflictos relacionados con las denegaciones de información por parte de
las instituciones del art. 2.1.f, entre las que se encuentran el Congreso de
los Diputados o el Tribunal de Cuentas, entre otros. Tampoco serán
recurribles ante esta agencia las decisiones de organismos autonómicos o
locales si estos no han celebrado un acuerdo previo con la agencia. Esto
genera desigualdades graves en la protección del derecho de acceso y, lo
que es más importante deja fuera del órgano fiscalizador. Incapacidad de
recurrir en materia de transparencia/publicidad activa: El artículo 21
establece que las reclamaciones frente a la Agencia de Transparencia
serán “en materia de acceso”, es decir, que frente a un incumplimiento en
materia de publicidad activa no se podría reclamar a la Agencia,
generando indefensión al ciudadano, en cuanto a la reclamación de
cumplimiento del capítulo II del Título.El Proyecto de Ley tampoco dice si las decisiones de la Agencia son
vinculantes o no y no se define la duración del mandato. En la práctica, es
más que dudoso que este organismo tenga el mandato, la estructura y
competencias suficientes para velar por el correcto cumplimiento de la ley
y asegurar una implementación rápida y eficiente de la misma.
Es clave en cualquier caso la necesidad de un Consejo Social con
organizaciones profesionales, ONG y otras entidades de la sociedad civil
que de forma regular trabajan en el campo de la transparencia y el libre
acceso.
7. No cumple las expectativas ciudadanas en materia de
transparencia, lejos de facilitar la publicación de una datos que
pertenecen a la ciudadanía (la Administración sólo los administra). En el
Proyecto de Ley se introducen nuevos filtros que dificultan el acceso a la
información y obstruyen la transparencia de las administraciones. Frente a
lo que podría interpretarse cómo un tercer filtro, la información tiene que
ser pública y estar disponible, sin más límites que los fijados por la Ley
Orgánica de Protección de Datos y la Ley de Secretos Oficiales.
8. En el capítulo de derecho de acceso a la información pública no se
especifica la forma o formato en la que se suministrará la información
solicitada, lo cual puede llevar a problemas en el acceso. Sin embargo,
otras leyes de este tipo si que lo explicitan en artículos específicos.
Véase, por ejemplo, el artículo 11 de la Ley 27/2001 por la que se regulan
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de
acceso a la justicia en materia de medio ambiente, o el artículo 10 de la
Regulación 1049/2001 de Acceso a Documentos de la Unión Europea.
Esto es especialmente importante para poder asegurar una coherencia
con las políticas de reutilización de información, que cada vez cobran más
importancia en España. Es esencial que se incluya una referencia a que
se intentará cumplir con las preferencias de formato explicitado por el
solicitante. Además, se debería mencionar que la información hecha
pública a través de una solicitud de información está exenta de copyright,
lo cual facilita su reutilización pública.
9. Mecanismos de promoción del derecho de acceso a la
información. Las medidas de promoción son de vital importancia para
conseguir un cambio en la cultura del secretismo de un país como
España, con altísimos niveles de silencio administrativo en materia de
acceso a la información, además de ser esenciales para asegurar una
implementación eficaz y homogénea dentro y fuera de las instituciones
públicas. El Proyecto de Ley no menciona en ningún momento la
promoción del derecho de acceso a la información tanto internamente
dentro de las instituciones públicas como de cara a la sociedad. Tampoco
especifica quién será el encargado de desarrollar las actividades de
promoción previstas en la ley. Es importante encomendar estas tareas a
un órgano concreto que asegure una buena implementación de la ley y el
derecho, ya sea el órgano de revisión, ya sean las unidades de
información. Las actividades de promoción que podrían incluirse en la Ley serian tales como; que el organismo que se crea también tenga la
obligación de promocionar el derecho de acceso a la información,
encargar a las instituciones públicas que informen anualmente sobre las
acciones llevadas a cabo para implementar sus obligaciones de
transparencia y la obligación de presentar un informe detallado al poder
legislativo sobre la implementación de la ley, prever por ley medidas
concretas de promoción del derecho de acceso a la información en la
sociedad, como pueden ser la creación de guías explicando este derecho
o impartiendo cursos en colegios, crear o prever la creación de un sistema
de orden y diligencia a la hora de tratar la información en manos de las
instituciones públicas, establecer la obligación de crear listas con los
documentos en poder de cada institución pública y prever programas de
formación de funcionarios sobre sus obligaciones de transparencia.
Por último, tras sucesivos retrasos e incumplimientos, este Proyecto de
Ley no puede ser una operación de maquillaje político más. Es necesario,
y ya vamos con retraso, regular el acceso a la información pública,
garantizar la transparencia de las administraciones públicas y facilitar la
participación ciudadana en los asuntos públicos, pero no puede tomarse
como punto de partida un Proyecto de Ley desenfocado, que en su
redacción inicial hace imposible que se cumplan los propios objetivos que
se fijan, ignorando el carácter de derecho fundamental del derecho de
acceso a la información pública y desarrollando una regulación que ni
siquiera alcanza los estándares internacionales mínimos en la materia,
algo que como evidencian los motivos expuestos justifican sobradamente
la enmienda de totalidad.

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