Recuperación de la gestión pública directa del servicio de agua en Valladolid

En 1997, con la entrada del primer gobierno de Javier León de la Riva, en 1997 se pasó de la gestión directa a través de la sociedad municipal ASVA a una concesión en favor de una unión de empresas llamada Agualid, que actualmente se denomina Aguas de Valladolid, del grupo AgBar.

Casualmente, la concesión se acababa 20 años después, el 1 de julio de 2017 coincidiendo con un cambio de gobierno municipal, que ahora está compuesto o apoyado por formaciones que apostábamos en nuestros programas electorales por la recuperación de la gestión pública del agua, compromiso que quedó reflejado también en los compromisos del acuerdo de gobierno. La Concejalía de Medio Ambiente comenzó a trabajar, nada más incorporarse, para realizar los preparativos y trámites necesarios que dieran lugar a un cambio de modelo de gestión al término de la concesión.
Supone una reversión del proceso privatizador de los servicios públicos que afecta incluso a recursos básicos tan esenciales como el agua, y se produce en un marco especialmente hostil para ello, con una normativa que restringe la autonomía local y favorece los modelos de gestión indirecta, y con restricciones presupuestarias y de contratación importantes para las entidades locales.
La legislación de régimen local española exige que el acuerdo para decidir la forma de prestación de un servicio público vaya precedido de un expediente que acredite la conveniencia y oportunidad de la medida, que justifique la elección de la forma de prestación más eficiente y sostenible de entre las legalmente posibles. Para ello se procedió a la contratación de personal técnico cualificado que, junto con técnicos del propio Ayuntamiento, pudieran elaborar un informe detallado sobre las distintas opciones existentes. Posteriormente, se formó una comisión político-técnica, con representación de todos los grupos, para tomar una decisión lo más informada y consensuada posible, cumpliendo con los citados requisitos legales.

Asimismo, el cauce para integrar a la plantilla de la concesionaria privada era complejo. Por una parte por las restricciones a la renovación e incremento del personal público existentes actualmente, pero también por la falta de desarrollo de la figura de los “indefinidos no fijos”, de creación jurisprudencial. La subrogación del personal, que por otra parte exige el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, era una premisa básica en la apuesta por recuperar la gestión, ya que se trata de personal muy cualificado que conoce bien el servicio y que, por tanto, va a ser una garantía para mantener la calidad.

Junto a los problemas legales estaban también los económicos. En los últimos 19 años, no se había reinvertido por parte del Ayuntamiento lo que estaba previsto para el mantenimiento de las instalaciones y redes, por lo que existe un déficit acumulado de al menos 96,7 Millones de €. Pues bien, la proyección a 15 años de la memoria técnica y económica muestra que la gestión directa es el modelo que permite afrontar ese déficit con menor subida de precios del agua y recuperando la inversión en menor tiempo. Se han de invertir al menos 178 millones en esos 15 años y en un modelo de empresa mixta o de concesión eso obligaría a subir las tarifas en torno a un 2% al año. En el caso de la gestión directa esa subida sería de menos de un 1%. Al no tener que contemplar beneficios para la parte privada no es necesario forzar los precios al alza, como había pasado en el período anterior, pues desde 1997 se había producido un incremento real neto del 78,7%.

Por último, se han presentado distintos recursos a la decisión, primero de reposición y luego ya en vía contencioso-administrativa. No solamente por parte de la empresa Aguas de Valladolid, sino que también se ha sumado la Confederación Vallisoletana de Empresarios, la Asociación Española de Empresas Gestoras de Servicios de Agua y el Gobierno a través de la Abogacía del Estado. Esta última, junto a la empresa, solicitaron la suspensión del procedimiento como medida cautelar, petición que ha sido desestimada por dos juzgados distintos de manera clara y contundente. A la vía legal ha de sumarse la vía de hecho, ya que la empresa se negó durante un tiempo considerable a colaborar aportando datos imprescindibles para poder realizar los trámites necesarios para que el servicio pase a manos de la nueva entidad pública empresarial sin que exista discontinuidad en el servicio a partir del mes de julio de 2017.
A fecha 31 de mayo de 2017 los trámites para poner en marcha la entidad pública empresarial están muy avanzados. Se está culminando la licitación de los distintos contratos necesarios (desde suministro eléctrico hasta página web e imagen corporativa, pasando por gestión de lodos), se ha culminado la selección por convocatoria pública de la gerencia y se ha tomado el acuerdo de subrogación de la plantilla en el Consejo de Administración.

Cabe destacar entre los logros el nivel de consenso alcanzado con distintos agentes sociales y políticos implicados en torno a la recuperación de la gestión 100% pública. En primer lugar en el seno del gobierno local, compartido con el PSOE y también con el grupo de Sí Se Puede, que apoya externamente al mismo. Pero también con el Comité de Empresa de Aguas de Valladolid, con quien ha habido reuniones prácticamente semanales en los últimos meses para cerrar los detalles del acuerdo de subrogación o se han organizado asambleas con el conjunto de la plantilla. Y distintas organizaciones sociales de la ciudad como la Federación de Asociaciones Vecinales, CC.OO. o Ecologistas en Acción han mostrado su apoyo e incluso han organizado movilizaciones contra la aprobación de la Disposición Adicional 27ª de los Presupuestos Generales del Estado.

De igual modo, una encuesta ha mostrado que el 61% de la población apoya la remunicipalización, frente a un 17,5% que se opone. http://www.elnortedecastilla.es/valladolid/201704/25/nueve-cada-diez-vecinos-20170419092908.html

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