A LA MESA DEL CONGRESO DE DIPUTADOS

 

 

Al amparo de lo establecido en el Reglamento, el Grupo Parlamentario de  IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, presenta la siguiente MOCIÓN consecuencia de la Interpelación Urgente sobre medidas para la recuperación de la memoria histórica y democrática para su debate en el Pleno de la Cámara.

 

 

Tomando en consideración:

 

.- La Proposición no de Ley de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados del 20 de noviembre de 2002 y el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975; 

 

.- Las diversas normas de derecho internacional sobre Derechos Humanos, y la imprescriptibilidad de los crímenes contra la Humanidad y las recomendaciones de los órganos internacionales, incluidas las del Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Europa, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Comité contra la Tortura.

 

.- Los informes de las Naciones Unidas, que establecen que el derecho a saber es también un derecho colectivo para evitar que puedan reproducirse en el futuro las violaciones y que bajo el Principio 2 del Conjunto de los Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos, le incumbe al Estado, el “deber de recordar”, a fin de protegerse contra las tergiversaciones de la historia.

 

Principio 2 – El deber de recordar

El conocimiento por parte de un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Esas medidas tienen por objeto preservar del olvido la memoria colectiva, entre otras cosas para evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas.”

 

.- La declaración institucional del Consejo de Ministros de 4 de diciembre 2009, basada en la Proposición no de Ley presentada el 1 de abril de 2009 por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, de reconocimiento a los miembros de la Unión Militar Democrática;

 

.- La declaración institucional del Ministerio de Asuntos Exteriores, que en diciembre de 2009 aprobó una Orden por la que se declaran ilegítimas las sanciones impuestas a los diplomáticos y funcionarios, del entonces Ministerio de Estado, que fueron leales a la democracia al estallar la Guerra Civil y en la etapa posterior;

 

.- La Proposición del Pleno del Senado y del Congreso de los Diputados el 27 de junio y el 11 de julio de 2011 sobre la interrupción de la difusión del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia.

 

.- La gran preocupación existente entre las asociaciones de memoria histórica, y sobre todo entre la ciudadanía y las víctimas de la represión franquista y sus familiares por la paralización y el incumplimiento generalizado de la Ley 52/2007, conocida popularmente como de la Memoria Histórica.

 

.- El incumplimiento del Gobierno del compromiso de llevar a cabo efectivamente las “políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática” que propugnaba y no haberse desarrollado el “marco institucional” para ese fin previsto en la Disposición adicional tercera de la Ley.

 

Por todo ello, una vez ha transcurrido ya un año y medio de legislatura y ante la inactividad y paralización del gobierno con respecto a las políticas públicas de recuperación de la Memoria Histórica y Democrática, se presenta la siguiente MOCIÓN:

 

 

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en cumplimiento y desarrollo de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, se aborden las siguientes  reformas y se adopten, al menos, las medidas para la recuperación de la memoria histórica y democrática.

 

  • Modificación del artículo 3.3 de la Ley 52/2007, con el fin de que se declaren nulas de pleno derecho, por la ilegitimidad de los tribunales, por vicios de forma y de fondo y por la ilegitimidad de las normas aplicadas, las Sentencias y resoluciones judiciales o administrativas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparados por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución.
  • Reconocimiento a los guerrilleros y maquis que lucharon contra la dictadura franquista, y regulación de las indemnizaciones que correspondan.
  • Interpretar o modificar las normas que regulan el derecho de indemnización de las víctimas de la Dictadura, para que puedan ser beneficiarios los familiares directos de todos cuantos fueron condenados a muerte en consejo de guerra y ejecutados entre el 1 de enero de 1968 y la ley de Amnistía de 6 de octubre de 1977 por actividades de oposición a la Dictadura.
  • Presentar en el plazo de meses de un informe sobre las víctimas que hayan padecido violencia política en los años de la Transición con la finalidad de que sean consideradas beneficiarias de las indemnizaciones que pueda otorgar la futura ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo
  • Establecer un Marco Institucional efectivo que impulse las políticas públicas relativas a la conservación y fomento de la memoria democrática, según lo dispuesto en la Disposición adicional tercera de la Ley 52/2007.
  • Modificar la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en los artículos 11, 12, 13 y 14, con el objeto de garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de víctimas del franquismo, asumiendo dicha responsabilidad el conjunto de las Administraciones y la Administración General del estado con carácter subsidiario.

 

  • Retirar en los próximos seis meses todos los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura que aún no se hayan retirado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 52/2007.

 

  • Eliminar dificultades para acceder al conjunto del sistema archivístico  en el Estado español.

 

  • Iniciar los trámites para la inmediata adhesión a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968 y que entró en vigor el 11 de noviembre de 1970. El proceso de adhesión debe continuar sin reservas o declaraciones interpretativas que pudieran constituir reservas.

 

  • Instar al Ministerio Público Fiscal para actuar de oficio en la investigación y persecución de crímenes o delitos graves de derecho internacional repetidos en toda España, incluyendo la desaparición de los niños desaparecidos, sin que tengan que mediar las denuncias de los familiares, y establecer una fiscalía dentro de la Fiscalía General del Estado, con un sistema de centralización de la información e investigación de todos los procedimientos abiertos en la justicia española.

 

 

 

 

 

Palacio del Congreso de los Diputados

Madrid a 23 de mayo de 2013

 

 

 

 

 

 

 

Joan Josep Nuet                                                                   José Luis Centella Gómez

Diputado                                                                                Portavoz

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