AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE…………………………………………….

Don/Doña……………………………………………………., Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de………………………, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguienteMOCIÓN EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La aprobación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ha supuesto a juicio de muchos alcaldes y concejales del Estado español, de diferentes sensibilidades políticas, el mayor ataque a la autonomía local y a la capacidad de gestión de los ayuntamientos de todo el periodo democrático, así como un intento concreto de eliminar y destruir los servicios sociales municipales. Un ataque que se resume en una limitación de las competencias municipales, en un intento de control político de las corporaciones locales y en un intervencionismo sin precedentes en el mundo municipal por parte del Estado y las CCAA.

Esta Ley, lejos de avanzar en la solución de los problemas endémicos de las corporaciones locales centrados en el reconocimiento de la capacidad de gestión y en la insuficiente financiación, ha ahondado en ambos exhibiendo un concepto de Ayuntamiento que se aleja del modelo constitucional, considerándolo como mero colaborador subordinado a otras administraciones territoriales .

En lo que respecta a las competencias municipales, elimina gran parte de las posibilidades de actuación de los ayuntamientos, dado que por un lado restringe las competencias propias municipales sobre todo en materia de acción social, educación y sanidad, y por otro limita casi por completo la capacidad para el desarrollo de competencias fuera de las expresamente reconocidas (las llamadas competencias impropias) tales como juventud, consumo, fomento empresarial, cooperación al desarrollo.

Pero además de suscitar un amplio rechazo político y social, esta Ley ha sido objeto de numerosos recursos de inconstitucionalidad, pendientes todos ellos de resolución,  interpuestos por más de 3.000 ayuntamientos que representan a más de 15 millones de habitantes utilizando el mecanismo de impugnación previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional bajo la denominación de Conflicto en Defensa de la Autonomía Local, por  las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias y Cataluña, así como  por la inmensa mayoría de la oposición parlamentaria, PSOE y PSC, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, Unión, Progreso y Democracia (UPyD), CiU, ERC, BNG, Coalición Canaria-Nueva Canarias, y Compromís-Equo. Estos mismos grupos políticos se han comprometido a la derogación de la referida Ley en la próxima legislatura.

 

 

 

En estos momentos la incertidumbre y preocupación por los efectos nocivos de esta ley se centran en los servicios sociales de los ayuntamientos. La nueva redacción del artículo 25.2.e de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las bases de Régimen Local sobre competencias de los ayuntamientos, y específicamente de los Servicios Sociales, señala que la única competencia propia de los ayuntamientos en este ámbito será, “la evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. Y una vez vaciado de contenido  el artículo 28 de la misma Ley, establece en el nuevo artículo 27 que “la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar en los municipios, entre otras, la prestación de los servicios sociales”. Por tanto, los municipios han dejado de tener competencias en la prestación de estos servicios básicos, aunque muchos de ellos las siguen prestando, sin delegación de su Comunidad Autónoma, y asumiendo gran parte de su financiación.

La propia Ley 27/2013, establece en su Disposición transitoria segunda con respecto a la asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a servicios sociales:

Con fecha 31 de diciembre de 2015, las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como propias del Municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social. Las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de estas competencias, con independencia de que su ejercicio se hubiese venido realizando por Municipios, Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, o cualquier otra Entidad Local.

Si en la fecha citada las Comunidades Autónomas no hubieren asumido el desarrollo de los servicios de su competencia prestados por los Municipios, o en su caso, no hubieren acordado su delegación, los servicios seguirán prestándose por el municipio con cargo a la Comunidad Autónoma.

Esta disposición superada en parte por la moratoria del Gobierno central y las leyes de adaptación de las CCAA, mantiene la incertidumbre e inseguridad con respecto a los servicios sociales de los municipios, afectando a los trabajadores y trabajadoras así como a los usuarios de los servicios, y sobre todo ignoran claramente la necesidad de afrontar de forma urgente la financiación de esos servicios básicos ya que siguen siendo competencia de las CCAA, pero prestándose por los ayuntamientos, sin que exista delegación y sin la financiación necesaria. Es decir, algo cambia para que todo siga igual, manteniendo un sistema precario, muy debilitado y “recortado”, además de hacerle depender de las convocatorias anuales de subvenciones, muy limitadas y condicionadas a la voluntad del Gobierno de turno.

          Recientemente, la Asamblea de la FEMP ha aprobado una resolución exigiendo la ampliación del periodo transitorio de entrada en vigor de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre (LRSAL), y desde el Consejo General y los Colegios Oficiales de Trabajo Social se continua exigiendo la supresión de la misma por el impacto negativo que va a producir en la vida cotidiana de miles de personas. El gobierno de Rajoy no ha atendido ninguna de estas solicitudes.

 

 

 

 

 

Según el Consejo General de Trabajo Social, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales o las Plataformas en Defensa de Servicios Sociales, de aplicarse el calendario previsto, la prohibición de que las Entidades Locales sigan prestando numerosos servicios sociales y la imposibilidad de las Comunidades Autónomas de asumirlos, unida a una situación de inmovilismo, podría provocar a nivel estatal hacer peligrar los 3.000 millones de euros invertidos en estas políticas sociales tan necesarias actualmente, y que se sumarían a los más de 5.000 millones que ya han recortado las Administraciones Públicas en esta materia en los últimos años. Solo la atención a la dependencia y servicios de promoción social que dejan de considerarse competencias propias de los municipios suponen 2.348,5 millones de euros anuales, y el gasto que realizan los municipios con menos de 20.000 habitantes es de 993,4 millones de euros.

Se constata  la necesidad de los servicios sociales de proximidad prestados por los ayuntamientos con los datos de pobreza severa que se mantienen en nuestro país y en nuestra región con un alto e inasumible porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de……………………., acuerda:

 

I.- Instar al Gobierno Regional a garantizar  la continuidad de los servicios sociales municipales, así como su gestión por los ayuntamientos, a partir del 1 de enero de 2015 con una financiación adecuada.

II.- Remitir el presente acuerdo a la Presidencia del Gobierno de España, a la Presidencia del Gobierno y a la Consejería de Bienestar Social de……………………….

 

 

En………………………., a………………..de……………….de 2015

 

 

 

Fdo.:

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