A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Moción consecuencia de Interpelación Urgente sobre la política del Gobierno en relación con la posibilidad de realizar un referéndum consultivo con el fin de que los ciudadanos puedan expresar su deseo sobre monarquía o república como forma política del Estado para su debate en Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Habitualmente asociamos la noción de republicanismo a aquella visión política que prefiere como Jefe de Estado a un presidente electo antes que a un rey. Ese republicanismo justificaría tal posicionamiento a veces en virtud de un supuesto ahorro económico y a veces en virtud de unos principios democráticos que harían intolerable que los miembros de una familia determinada se sitúen por encima del resto de ciudadanos. Por lo tanto el republicanismo coloquial es algo así como una sencilla actitud de oposición a la monarquía.

No obstante, el imaginario colectivo en España asocia también el republicanismo con sus dos únicas experiencias políticas de democracia republicana y, particularmente, con su corta duración. La Primera República duró apenas un año y once meses, desde febrero de 1873 hasta el 29 de diciembre de 1874 y terminó con el golpe de Estado del general Martínez- Campos. Fue una época turbulenta, como en general todo el siglo XIX español, con guerras entro y fuera de la península y con una beligerante rivalidad política entre diferentes deologías. La II República no tuvo mucha mejor suerte, pues en la práctica duró desde el 14 e abril de 1931 hasta el 18 de julio de 1936, cuando, tras la victoria de las fuerzas de zquierdas en las elecciones, el general fascista Francisco Franco dio un golpe de Estado ontra la democracia. Y tras tres años de guerra civil las fuerzas vencedoras impondrían una evera dictadura que duraría formalmente hasta 1978.

Tras la llamada transición, España volvió a tener una monarquía. El Reino de España. Pero parece que esos buenos tiempos monárquicos han pasado a mejor vida. Los escándalos de la Casa Real no dejan de emerger a la superficie. Por un lado el anterior Rey aparece vinculado a negocios de intermediación comercial donde se obtienen jugosas comisiones, y todo ello en el seno de una oscura red que incluye la utilización de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y cuentas en paraísos fiscales. Por otro lado, la investigación del caso Nóos, una inmensa trama de corrupción, ha servido para acusar entre otros al entonces yerno real Iñaki Urdangarín y a la infanta Cristina de Borbón. A todo ello cabe sumar las noticias sobre la inmoralidad real que de vez en cuando se tienen de la Casa Real, como cacerías de elefantes en África o la utilización de servicios sanitarios privados. Quizás por ello en octubre de 2011, y por primera vez desde la transición, la Casa Real suspendió con un 4,8 en la valoración ciudadana.

En 2013 esa nota había descendido ya al 3,68. Pero otras instituciones del Estado han salido prestas a su defensa, y en ocasiones de una forma muy férrea. En primer lugar, ocultando los datos que ponen de relieve la pérdida de apoyo social. El CIS dejó de preguntar por la Casa Real durante un tiempo considerable nada más se conoció el primer suspenso. En segundo lugar, y mucho más grave, durante la investigación del caso Nóos el papel del ministerio fiscal y el ministerio de Hacienda fue de enorme genuflexión a los intereses monárquicos, tratando de sacar a la infanta del atolladero en el que ella misma se había metido. El propio presidente del país salió en defensa de la infanta a la par que los medios de comunicación más cercanos al poder político iniciaron una campaña de criminalización del juez instructor del caso. Parece como si de la brecha abierta en la Casa Real dependiese todo el entramado político del país. Y, en consecuencia, uno puede suponer que estamos ante una estrategia que pasa por rescatar a la monarquía para salvar así al régimen político.

El contexto no es mejor. España está en una situación de emergencia social. Nuestra sociedad se encuentra en un proceso de desintegración como consecuencia de la gestión neoliberal de la crisis económica y sus dramáticos efectos sociales, políticos y culturales.Lejos de atajar estos problemas, la política económica puesta en marcha por los últimos Gobiernos está siendo utilizada para poner fin a las conquistas sociales, sindicales y laborales producto de las luchas y de los sacrificios de varias generaciones del movimiento obrero organizado. En el horizonte se perciben ya esbozos de un nuevo modelo económico y de sociedad absolutamente regresivo y antidemocrático, caracterizado de forma especial por unas relaciones laborales altamente precarizadas, por la concentración del poder socioeconómico, por la extensión de la desigualdad social y por el aumento de la represión.

El conjunto de contrarreformas impulsadas para sostener el actual e injusto orden social provocan frustración, rabia e indignación en el conjunto de nuestro pueblo y más allá. Las élites económicas son conscientes de ello y han iniciado también un proceso de “desdemocratización” o regresión democrática que tiene como objetivo neutralizar nuestro creciente deseo de autogobierno y cambio democrático. Bajo una estrategia transformista —subiéndose a la ola de un clamor social para hacer exactamente lo contrario-, la oligarquía está modificando las instituciones para adaptarlas a las necesidades de su proyecto económico y social. Desde las trampas electorales hasta las reformas constitucionales, el proceso de involución democrática es el reflejo del temor a las mayorías sociales y a las fuerzas políticas que planteamos un proyecto alternativo de país. El temor de la oligarquía es la fuerza de la mayoría social.

Asimismo, la Constitución de 1978 ha perdido gran parte del apoyo social que tenía hasta hace algunos años. Los incumplimientos sistemáticos de sus garantías positivas —como el derecho a la vivienda, al trabajo digno, las pensiones o la negociación colectiva, e incluso la legislación parlamentaria, arrinconada a golpe de decreto-; la falta de credibilidad y los escándalos de corrupción de algunas de sus instituciones, como la Casa Real o el Tribunal de Cuentas; la interpretación jurídica cada vez más regresiva de los derechos y libertades públicas; su superación por normativa neoliberal de la Unión Europea; la (contra) reforma constitucional del 2011 impuesta por la troika, son algunos de los elementos que ponen de manifiesto cómo desde el poder se han ido anulando los rasgos más progresivos de la norma fundamental y con ello las bases políticas del pacto social originario.

Pero además, el régimen político del 78, con el bipartidismo como modo de organizar el poder, se ha convertido en el parapeto perfecto por medio del cual las élites económicas han podido mandar sin presentarse a las elecciones. En este país la corrupción ha sido el sistema, y ha brindado a la oligarquía la oportunidad de incrementar sus multimillonarias ganancias a costa de los fondos públicos. Un régimen de democracia limitada o de baja intensidad, que ha relegado al ciudadano a un segundo plano excepto un día cada cuatro años, y que ha sido la cobertura más adecuada para desarrollar un sistema plutocrático.

Bajo este régimen político la élite económica ha podido chantajear al poder público, logrando en muchos casos una plena coordinación de intereses con la élite política. Financiación irregular de los partidos políticos, blanqueo de dinero por parte de las grandes empresas, sobresueldos, utilización fraudulenta de los instrumentos sociales… son todos rasgos de la cohabitación entre una elite política corrupta y una élite económica corruptora que juntas han sabido utilizar el régimen político del 78 como su terreno de juego más idóneo.

Como antídoto ante todo ello surge el republicanismo como tradición política. Como opción para crear nuevas instituciones políticas que permitan a la sociedad española vivir en libertad. El republicanismo no es un simple momento antagónico de lo monárquico sino una tradición política íntegra. Es decir, un paradigma a través del cual entender las cuestiones políticas. Lo que sostenemos es que desde el enfoque republicano podemos dar mejores y más justas soluciones a los problemas reales que asolan nuestras sociedades, tales como la falta de acceso a los suministros más básicos, la falta de confianza en el sistema político y la creciente desigualdad que desborda la cohesión social. Y la receta que nos proporciona la tradición republicana para España pasa, necesariamente, por un nuevo proceso constituyente que supere al régimen del 78.

La posibilidad de que el pueblo español opine sobre la forma política del Estado es claramente un punto básico para iniciar un proceso de esperanza para el país. El Gobierno iene la posibilidad de facilitar al pueblo la oportunidad de coger las riendas de su futuro más llá de la estrecha y limitada opción de votar cada cuatro años en las elecciones.

Por todo ello se presenta la siguiente

MOCIÓN
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

.- Hacer uso del artículo 92 de la Constitución Española de 1978, cuyo punto 1 establece que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum onsultivo de todos los ciudadanos” y cuyo punto 2 establece que “el referéndum será onvocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente utorizada por el Congreso de los Diputados” para que el pueblo español tenga la portunidad de opinar sobre la forma política del Estado y elegir entre República o Monarquía”.

Palacio del Congreso de los Diputados, Madrid, 11 de Septiembre de 2014

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