AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ……………………………..

Don/Doña…………………………………, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de…………………, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente MOCIÓN PARA RETIRAR LAS CUENTAS CORRIENTES DE CAIXABANK Y NO CONSUMIR PRODUCTOS DE REPSOL HASTA QUE SE SUSPENDAN LAS PROSPECCIONES PETROLÍFERAS EN AGUAS CANARIAS O SE CONSULTE AL PUEBLO CANARIO EN REFERÉNDUM.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno del Estado ha dado autorización a la multinacional Repsol para efectuar prospecciones petrolíferas muy profundas a 50 kilómetros de las principales costas turísticas de Lanzarote y Fuerteventura, en aguas canarias. Se trata de unas perforaciones que se imponen contra la voluntad de la ciudadanía canaria, que ha manifestado en los dos últimos años su rechazo reiterado y masivo en las calles. La oposición a las prospecciones también se ha expresado en decenas de ayuntamientos de todas las islas, en seis de los siete cabildos insulares, y por parte del Parlamento de Canarias y del Gobierno autonómico. Además, ese rechazo ha sido respaldado por las más destacadas organizaciones no gubernamentales internacionales de carácter medioambiental, por la comunidad científica mundial especializada en mamíferos marinos, por la abrumadora mayoría de cofradías de pescadores canarias, por las firmas de más de 210.000 personas de 183 países de los cinco continentes, y, asimismo, ha generado honda preocupación en las federaciones profesionales de operadores turísticos y agencias de viaje de siete países de la Unión Europea, países que envían el 80% de los cerca de 12 millones de turistas que anualmente visitan las Islas Canarias.

Las encuestas efectuadas en el Archipiélago muestran una creciente oposición a las operaciones de la multinacional Repsol en aguas canarias, no solo porque el Gobierno de España las ha impuesto sin ningún tipo de explicación a la sociedad canaria y a las instituciones de las islas, sino porque los procedimientos administrativos cursados por los ministerios de Industria y de Medio Ambiente se han efectuado reiteradamente faltando a la verdad, con una inaceptable falta de transparencia, y supeditando los intereses generales de la población canaria a los intereses del Partido Popular y de Repsol. Asimismo, el Gobierno de España se ha negado a autorizar una consulta popular solicitada formalmente en 2014 por el Parlamento de Canarias. Es más, el desprecio a los mecanismos democráticos quedó expresado con claridad por el ministro de Industria, José Manuel Soria, cuando declaró, tanto durante el período para la presentación de alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental, en agosto de 2013, como en referencia a las alegaciones a la propuesta de Resolución de Industria, en agosto de 2014, que esas alegaciones “no detendrán en ningún caso las prospecciones petrolíferas”.

La ciudadanía canaria rechaza las perforaciones en las aguas del Archipiélago porque es consciente de que pueden causar daños gravísimos a sus ecosistemas. Además de las islas de La Palma, La Gomera, y El Hierro, las islas de Lanzarote y Fuerteventura están declaradas en su totalidad como Reservas Mundiales de la Biosfera, en un Archipiélago que alberga 5.232 especies vinculadas al medio marino y una de las mayores densidades de cetáceos del planeta. Las 616.000 hectáreas donde Repsol pretende perforar los lechos marinos, y su entorno oceánico próximo, constituyen una de las áreas más importantes del mundo para la supervivencia de distintas especies de cetáceos, y representa el más importante refugio de ballenas y delfines de toda Europa, con 28 especies presentes identificadas en la zona de los sondeos.

Asimismo, es obvio que, si se produjera un vertido de petróleo, también se dañaría gravemente al sector turístico, que, en Canarias, representa el mayor porcentaje de empleo del Estado. Pero además, la contaminación del litoral costero de Lanzarote y Fuerteventura podría paralizar las desalinizadoras que abastecen el 100% del agua potable que nutre tanto a la población residente como a la turística, aunque también la isla de Gran Canaria podría resultar afectada en este sentido. Sin embargo, la amenaza no solo recae en las islas más próximas a la zona de las perforaciones, ya que tanto los estudios de dinámicas oceánicas de Canarias desarrollados en los últimos años por universidades canarias, como la propia petrolera Repsol y el Ministerio de Medio Ambiente, reconocen que un derrame en la zona de exploración petrolífera podría alcanzar potencialmente las costas de cualquiera de las ocho islas Canarias habitadas, y el litoral costero africano.

Ante esta realidad, el Gobierno no ha contestado a las preguntas efectuadas por Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, que interrogaban al Gobierno sobre si compensaría a los trabajadores y a las empresas que se quedaran sin actividad a causa de un gran vertido de petróleo. Tampoco hay respuesta a la pregunta sobre qué planes de acción tiene el Gobierno en caso de paralización de las desalinizadoras de Lanzarote y Fuerteventura.

Hay que señalar que no hay ningún régimen internacional de responsabilidad e indemnización por los daños derivados de perforaciones mar adentro. Aunque España participe en fondos de indemnización por vertidos de hidrocarburos debe tenerse presente que sólo cubren vertidos de petroleros y buques y sólo daños medioambientales, pero no económicos. Para las perforaciones que Repsol tiene previsto efectuar en los próximos meses de octubre y noviembre, el Estado español ha determinado que la petrolera debe contratar un seguro de responsabilidad civil de 60 millones de euros para cubrir posibles daños al medio ambiente y a las personas. Esta cifra es del todo insuficiente en caso de desastre, y muy lejos de los más de 7.000 millones de euros que la petrolera British Petroleum tuvo que pagar recientemente a EE.UU. por los daños ocasionados por una sola de sus plataformas petrolíferas, en abril de 2010.

En otra respuesta escrita facilitada por el Gobierno a Izquierda Unida se reconoce que, de haber hidrocarburos bajo las aguas del Archipiélago, los beneficios económicos que conllevaran serían para Repsol y no para la ciudadanía. En la respuesta fechada el día 7 de mayo de 2013, el Gobierno afirma que “la recaudación por impuestos especiales nunca podrá determinarse a priori ya que la misma no depende del petróleo extraído sino de los productos que se obtengan del refino de este producto (gasolinas, gasóleos, fuelóleos, etc.)”. En suma, el Estado ingresaría por el petróleo canario lo mismo que por petróleo importado de otros países. Es decir, se adopta una lógica en la que Repsol asume los beneficios económicos y el pueblo canario los riesgos.

También hay que destacar que el Gobierno tampoco ha respondido a las preguntas parlamentarias en las que se le ha pedido que concrete el número de puestos de trabajo que podrían crear las prospecciones en busca de hidrocarburos y su posible explotación posterior en Canarias. Se han publicado cifras claramente exageradas sobre la creación de empleo derivada de las prospecciones y la extracción posterior de hidrocarburos, y el Gobierno no quiere reconocer en una respuesta oficial por escrito la escasísima creación de empleo que conllevarían tales actividades. El presidente de Repsol afirmó, en 2012, que las prospecciones iban a crear 52.000 puestos de trabajo; un año más tarde afirmó que la cifra se reducía a 5.000, cuando los expertos reconocen que tampoco esa cifra es real.

El Estudio de Impacto Ambiental de Repsol ha sido objeto de evaluación pericial por parte de numerosos expertos en oceanografía, geografía, biología marina, algunos de los cuales han participado en la elaboración de leyes sobre contaminación petrolífera en Estados Unidos y asesorado a Naciones Unidas y a otros estados sobre cuestiones relativas a la extracción de petróleo en el mar.

Entre los dictámenes de estos expertos, se afirma que “el Estudio de Impacto Ambiental de Repsol sobre las Islas Canarias no es adecuado para el fin que persigue, por lo que se recomienda al Gobierno de España que no lo tenga en cuenta y no permita las prospecciones en la forma en la que se han propuesto”.

Los análisis efectuados sobre los datos aportados por Repsol no permiten “afirmar con una seguridad razonable que el proyecto de prospección se llevaría a cabo de manera segura, ni que el plan de respuesta de emergencia sería eficaz”, y reflejan que las deficiencias del proyecto de Repsol son de tal magnitud que, si se presentara para llevarlo a cabo en aguas de Estados Unidos, no sería aprobado. El plan de Repsol infravalora gravemente la magnitud que podría tener un vertido de petróleo y las medidas que habría que adoptar para afrontarlo, desconoce las lecciones aprendidas de desastres ocurridos en otras prospecciones, prescinde de importantes mecanismos de seguridad, y no se compromete a adoptar las mejores técnicas y tecnologías disponibles.

En Canarias se han autorizado tres pozos a profundidades y distancias de la costa muy similares a las del pozo Macondo que, en 2010, provocó la catástrofe de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México, el mayor vertido de petróleo al mar ocasionado por una explotación submarina y la segunda mayor marea negra de la historia tras la provocada durante la I Guerra del Golfo en el Golfo Pérsico (1991). Uno de los pozos autorizados en Canarias alcanza los 6.900 metros de profundidad, es decir, 1.300 metros más que los 5.596 metros del pozo del Golfo de México, por lo que los riesgos son perfectamente comparables, por no decir significativamente mayores, que los del pozo Macondo. Hay que recordar que el vertido de petróleo en el Golfo de México dañó más de mil kilómetros de litoral costero de cuatro estados federales de EEUU, y una superficie oceánica próxima a los 30.000 km2, es decir, la superficie total de las islas Canarias multiplicada por cuatro.

La distancia del Archipiélago a las prospecciones de Repsol (50 km) es inferior a la de la Deepwater Horizon a las costas de Estados Unidos, y muy inferior a los 250 kilómetros que separan el lugar en que se hundió el buque Prestige de las costas gallegas. Y, tanto en el caso del Prestige como en el de la plataforma petrolífera del Golfo de México, las probabilidades estadísticas de que ocurriera una gran catástrofe medioambiental eran -según las empresas petroleras- escasísimas antes de que sucediera, tal y como afirma Repsol en el caso de Canarias. Por lo tanto, debe ser el pueblo canario el que decida si asume o no el riesgo de que se lleven a cabo unas prospecciones que podrían arruinar su economía y dañar severamente su medioambiente. Hay que indicar que los fondos marinos donde Repsol pretende realizar sus perforaciones constituyen un lecho geológico con frecuente actividad sísmica, por lo que el riesgo de fugas o accidentes en el caso de perforaciones ultraprofundas se incrementa exponencialmente en caso de producirse uno o varios seísmos, que han llegado a alcanzar en la zona magnitudes de 4,5 grados en la escala Ritcher.

La decisión no puede estar en manos de empresas que jamás afrontarían los daños que pueden causar, ni debe estar en manos de un Gobierno sustentado por un partido que ha sido generosamente financiado por corporaciones privadas y que, además, ha permitido que quienes dejan responsabilidades de gobierno se integren en empresas a las que beneficiaron con sus decisiones políticas. Canarias no puede asumir riesgos catastróficos para su economía y su medioambiente a causa de la escasa calidad democrática del Gobierno del Estado y de la irresponsabilidad de una empresa multinacional. Nunca en la historia de la democracia española se había asistido a un  grado tan notorio de rechazo social, institucional, científico y empresarial como el generado por Repsol en Canarias.

Diecisiete fuerzas políticas de toda España, con representación política en Administraciones públicas, han solicitado al Gobierno del Estado la paralización de este proyecto. Pero la imposición se ha materializado, el pasado mes de agosto, con la aprobación del último permiso que el Ministerio de Industria debía otorgar a Repsol para que la multinacional inicie sus catas.  Por tanto, es hora de que la ciudadanía española en su conjunto apoye a la población canaria para exigir que se retire un proyecto de alto riesgo que vulnera los más elementales principios de la democracia, y para ejercer presión ciudadana y democrática, desde las instituciones, sobre Caixabank, uno de los accionistas de Repsol, y sobre Repsol, para impedir que la petrolera y el Gobierno del Partido Popular jueguen a la ruleta rusa con el futuro de Canarias.

Al mismo tiempo, es imprescindible abordar un cambio urgente y profundo del modelo energético actual que, basado en el uso de energías fósiles, se ha demostrado muy contaminante y dañino para el medio ambiente y el futuro del planeta, además de constituir uno de los más graves exponentes del abuso de las grandes corporaciones sobre la ciudadanía. En el caso de Canarias, los elevados precios de la energía y el escaso desarrollo de las energías renovables penalizan a la ciudadanía del Archipiélago y a su economía.

Por ello, y en consonancia con las prioridades medioambientales promulgadas por Naciones Unidas y por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, es preciso un cambio urgente del modelo energético para que la energía en las Islas proceda, en el mayor porcentaje posible, de fuentes sostenibles y limpias. El objetivo debe ser alcanzar la máxima autosuficiencia energética para no depender de intereses exteriores, socializar el recurso en beneficio de la ciudadanía, y evitar progresivamente el uso de energías fósiles altamente contaminantes y peligrosas para el clima y el medio ambiente de la Tierra.

Por todo ello, el Ayuntamiento de……………………… adopta los siguientes ACUERDOS:

1º.-  Este Ayuntamiento, en solidaridad con la ciudadanía de Canarias, exige al Gobierno de España la paralización inmediata y definitiva de las prospecciones petrolíferas autorizadas a Repsol en aguas de las Islas Canarias.

2ª.- Este Ayuntamiento retirará todas sus cuentas corrientes de Caixabank y dejará de consumir productos de Repsol si no se paralizan las prospecciones antes del fin de octubre de 2014, o si no autoriza el Gobierno de España el referéndum solicitado por el Parlamento de Canarias, con el compromiso de acatar la voluntad del pueblo canario sobre si se realizan o no las prospecciones.

3º.- Se insta a los grupos políticos representados en este Ayuntamiento a retirar sus cuentas de Caixabank y a dejar de consumir productos de Repsol hasta que se dé cumplimiento a una de las dos condiciones anteriores.

4º.- Se insta a la ciudadanía a cancelar sus cuentas corrientes en Caixabank y a boicotear los productos de Repsol hasta que renuncie a las prospecciones en aguas canarias o hasta que se convoque un referéndum para que Canarias decida.

5º.- Este ayuntamiento reconoce la necesidad urgente de transformar el modelo energético actual, y solicita al Gobierno de España la adopción de cuantas medidas sean necesarias para reducir el uso de combustibles fósiles en la generación de energía, promoviendo un sistema respetuoso con el medio ambiente basado en fuentes renovables que beneficie a la sociedad frente a los monopolios actuales.

6.- Se insta a los grupos políticos con representación en otras instituciones a que trasladen a esos ámbitos las propuestas anteriores.

 

En……………………….., a ………… de septiembre de 2014

 

Fdo.:

 

Concejal/a  Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida.

 

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