A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU,ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley contra la confiscación de tierras por parte del gobierno de Israel y el desmantelamiento de los asentamientos ilegales, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores .

Tras la masacre sufrida por el pueblo palestino con la denominada Operación Margen Protector y cinco días después de que se acordara la tregua, el Gobierno de Israel ha confiscado de 400 hectáreas de tierra en Cisjordania ubicadas a menos de 10 kilómetros al sur de Belén, en el área de Gush Etzion. El objetivo de esta confiscación de tierras, la más grave desde principios de los años 80, es ampliar otro asentamiento ilegal llamado Gvaot, en el que ahora mismo residen no más de 15 personas, pero que está muy próximo a Gush Eztion, donde ya hay 60.000 residentes ilegales. El Gobierno de Israel, nuevamente, vulnera la legalidad internacional anexionándose este territorio ante la pasividad y la complacencia de la Comunidad Internacional.

No solo no se desmantelan los asentamientos ilegales, sino que el ritmo de construcción de nuevas casas en colonias se ha multiplicado, complicando la delimitación de fronteras y dificultando o impidiendo la movilidad de los palestinos en su territorio.

Exigir al Gobierno de Israel el desmantelamiento de los asentamientos en territorio ocupado, de acuerdo al derecho internacional , tal y como recoge la “Opinión Consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado de la Corte Internacional de Justicia” (CIJ) del 9 de julio de 2004, cuyo décimo aniversario nos recuerda el deber de todas las Altas Partes Contratantes de la Cuarta Convención de Ginebra relativa a la protección de civiles en tiempo de guerra del 12 de agosto de 1949 tienen la obligación adicional de respetar y garantizar el cumplimiento de Israel y otros Estados del derecho internacional humanitario incorporado en dicha Convención, y por lo tanto el deber del Estado Español de tomar medidas para que desmantelen dichos asentamientos.

Sin duda, asistimos a una nueva agresión del Gobierno de Israel al pueblo palestino, a la violación sistemática del derecho internacional y los derechos humanos por parte del Gobierno de Israel, que son incompatibles con la consecución de la paz en la región. Consideramos que el Gobierno de España debe tomar posición y actuar tanto en el marco de las relaciones bilaterales como multilaterales para suspender esta nueva confiscación y la retirada de los asentamientos ilegales existentes.

El Gobierno debe tomar medidas para el desmantelamiento de dichos asentamientos en territorio ocupado, de acuerdo al derecho internacional, tal y como recoge la “Opinión Consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado de la Corte Internacional de Justicia” (CIJ) del 9 de 2004.

Palacio del Congreso de los Diputados, Madrid a 12 de septiembre de 2014

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