A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al amparo de lo establecido en el articulo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, se presenta la siguiente Proposición no de Ley CONTRA LA REPRESIÓN PENAL DEL DERECHO DE HUELGA para su debate en la Comisión de Justicia.

Congreso de los Diputados Madrid, 18 de junio de 2014

En nuestro país, y durante más de treinta y cinco años, los trabajadores han venido ejerciendo democrática y constitucionalmente este derecho de titularidad individual pero de ejercicio colectivo.

Ahora está siendo cuestionado por las autoridades públicas como se infiere de las múltiples causas y actuaciones penales desarrolladas contra los trabajadores que participaron legítimamente en las huelgas convocadas por las organizaciones sindicales más representativas contra las reformas laborales, por supuestas actividades delictivas durante el desarrollo de las mismas.

Son cerca de 200, los casos de sindicalistas y trabajadores y trabajadoras que se enfrentan a un procedimiento administrativo o proceso penal después de las últimas huelgas generales. Resulta especialmente grave que la participación en las acciones derivadas de la convocatoria de una huelga haya derivado en acusaciones por parte de la Fiscalía por atentar con los derechos de los trabajadores. Aunque pueda parecer contradictorio que una persona que se
encarga de defender esos derechos sea juzgado por lo contrario, lo cierto es que en los últimos meses, el Ministerio Público ha solicitado numerosas penas de prisión por supuestas coacciones durante las últimas huelgas generales.

Por supuesto, no se trata de defender posibles extralimitaciones en el ejercicio del derecho de huelga. Sin embargo, se observa una tendencia por parte de la Fiscalía a pedir las penas máximas para los supuestos responsables de cualquier incidente durante una jornada de huelga, lo cual supone una evidente criminalización del ejercicio de un derecho fundamental recogido por la Constitución.

Según expertos el derecho de huelga, pese a estar reconocido por la Carta Magna, arrastra una rémora preconstitucional – en referencia al Real Decreto sobre las Relaciones de Trabajo de 1977 – que hace posible “reprimir penalmente ese derecho” y “guardaba cierta funcionalidad antisindical”.

El Ministerio Público ha cambiado su criterio, pidiendo castigos ejemplares con penas de cárcel a sindicalistas por la supuesta comisión de un delito de regulado en el artículo 315 del vigente Código Penal, que establece penas de prisión de seis meses a tres años, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.

Parece apuntarse que el Ministerio Público, y en última instancia el Gobierno, tiene como objetivo limitar el ejercicio del derecho de huelga, mediante el amedrentamiento y la represión de la acción de los trabajadores y trabajadoras durante la jornada de huelga.

Hasta ahora, se venían imponiendo sanciones o multas con una condena de trabajos sociales. Sin embargo, es la Fiscalía la que recurre estas sentencias de los juzgados de instrucción para pedir la pena máxima, siguiendo instrucciones de la Fiscalía General del Estado, con el fin de crear un efecto disuasorio en la participación en una huelga.

Está Cámara no puede mostrarse impasible cuando trabajadores y trabajadoras como los sindicalistas de Airbus, Ana y Tatuara condenadas por echar pintura en una piscina durante una huelga en 2010 o Miguel y Ana por su actuación como piquetes informativos en la huelga de 2012, entre otros tantos, tienen que ingresar en prisión.

Las limitaciones de los derechos sindicales fundamentales además de provocar un grave desequilibrio en las relaciones laborales frustran los avances en las condiciones de trabajo y en el bienestar de la sociedad. Por este motivo, se propone eliminar la represión penal del derecho de huelga contenida en el artículo 315 del actual Código Penal.

Por lo expuesto, El Congreso de los Diputado insta al Gobierno a:

• Poner fin a la ofensiva penal contra el derecho de huelga, así como a la  criminalización de los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras que participan las huelgas, y de manera singular, la intervención de los poderes públicos contra la libertad sindical.
• Garantizar el pleno ejercicio los derechos constitucionales, como el derecho de Huelga de los trabajadores y trabajadoras, en toda su extensión.
• Acometer las reformas legales necesarias para evitar la represión penal desproporcionada de determinadas acciones relacionadas con la convocatoria, organización y extensión de huelgas, excluyendo las penas de prisión contra quienes organizan o participan en una huelga pacífica.

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