A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa de unos salarios dignos ante el proceso de devaluación salarial, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

El boletín económico de febrero de 2014 del Banco de España acaba con la siguiente frase sus conclusiones sobre el impacto de los cambios en la composición del empleo sobre la evolución salarial:

«El proceso de moderación salarial que comenzó en 2010 podría ser algo más intenso de lo que indican las estadísticas agregadas sobre costes laborales». En el citado boletín, el Banco de España calcula que los salarlos reales (netos de efectos composición) habrían disminuido alrededor del 2% tanto en 2012 como en 2011, acumulando tres años de caída consecutiva.

Tanto las cifras de la Agencia Española de Administración Tributaria como las del Instituto Nacional de Estadística, a pesar de no coincidir, muestran un descenso importante en los salarios. Según el INE, el salario medio anual de 2012 fue de 22.635 euros mientras que en 2011 era de 22.775, es decir, un descenso del 0,6%. Por su lado, la AEAT afirma que el descenso fue aún mayor: si en 2012 el salario medio eran 18.601 euros, en 2011 era de 19.102, cosa que supone un descenso de más del 2,5%.

La reducción salarial es un objetivo Programa Nacional de Reformas (PNR) de España desde el año 2011, mantenido en 2012 y 2013 en el epígrafe de «mejora de la competitividad e impulso de la productividad». En las recomendaciones específicas del Consejo de 12 de julio de 2011 relativas al Programa Nacional de Reforma de 2011 de España incluye en su recomendación número 5 que se inicie el proceso «de la moderación salarial». En los años 2012 y 2013, las recomendaciones del Consejo al PNR apuntan en sus considerandos a que la reforma laboral de 2012 ha contribuido a la moderación salarial en España. El considerando 12 de la Recomendación del Consejo de 19 de junio de 2013 no deja lugar a dudas: «Según los datos de que se dispone, la reforma del mercado de trabajo de 2012 ha empezado a dar como resultado una mayor flexibilidad interna (dentro de las empresas), cierta reducción de los costes de despido y un aumento de la moderación salarial».

Un elemento fundamental para una política salarial justa es la fijación de un Salario Mínimo Interprofesional digno. Sin embargo, el Gobierno decidió congelar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2014, lo que supone una nueva disminución en términos reales de esta renta. Entre 2010 y 2013 el SMI ya ha perdido 5,5 puntos de su capacidad adquisitiva y la congelación para 2014 supone una nueva pérdida de poder adquisitivo que contribuye también al debilitamiento de la cohesión social y al aumento de desigualdades. Es importante considerar, igualmente, que desde el año 2007 el SMI ha ido perdiendo peso sobre el salario medio, de tal forma que hemos ido retrocediendo progresivamente en la consecución del compromiso suscrito por España en la Carta Social Europea de que el SMI alcance el 60% del salario medio neto. Nuestro SMI es uno de los más reducidos de los países de la UE-15 que lo tienen establecido en su ordenamiento jurídico con cobertura general y, en sus niveles actuales (645,3 euros mensuales), bordea el umbral de la pobreza en hogares con un solo miembro y se sitúa por debajo de dicho umbral en hogares compuestos por, al menos, dos personas.

El pasado mes de enero, el Gobierno presentaba ante esta Cámara el Proyecto de Ley de desindexación de la economía española. Su finalidad básica es que cualquier valor monetario público (subvención, prestación, ayuda, multa, sanción, valor referencia, etc.), precio público, precio regulado o precio de los contratos suscritos por las Administraciones Públicas con empresas privadas concesionarias, se estabilice y deje de crecer por la costumbre e inercia de revisarlos (indexarlos) con el IPC. Ahora bien, uno de los objetivos de esta Ley es la rebaja de los sueldos y salarios de los empleados públicos y de una  parte delos trabajadores del sector privado. Aunque el articulado del proyecto excluye la negociación colectiva de su ámbito de aplicación, se propone no indexar los «valores monetarios públicos», concepto muy genérico que incluye los salarios de los empleados públicos. Indirectamente, se ve afectados también los salarios de los empleados de las empresas privadas que atienden concesiones públicas, a través de la desindexación de sus contratos. Cabe recordar que esta Ley también se contempla en el primer punto de la Recomendación del Consejo de la UE de 19 de junio de 2013.

La variación salarial media pactada para el año 2013 y calculada con la información disponible al final de diciembre es del 0,57%, cifra que continúa siendo provisional, pero que en cualquier caso es la mitad que en 2012. Ello es resultado del «II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012, 2013 y 2014», firmado por los interlocutores sociales en enero de 2014.

Sin embargo, la reducción salarial va mucho más allá por culpa de la Reforma Laboral introducida con la Ley 3/2012 que ha comportado cambios importantes en la regulación de la negociación colectiva. La voluntad de hacer de la depreciación interna, vía reducción de salarios, es uno de los principales mecanismos de ajuste frente a la crisis económica. Por ello, se debilitó la fuerza vinculante de los convenios colectivos, al introducir mecanismos que permiten que en determinadas circunstancias las empresas puedan desvincularse de las obligaciones derivadas del contenido de los convenios colectivos que le son de aplicación. A nivel salarial, en 2013 se han depositado en los registros de las distintas Autoridades Laborales un total de 2.512 inaplicaciones que afectan a 159.550 trabajadores. De estas, 1.672 inaplicaciones del acuerdo salarial, el triple que el año anterior.

Por todo ello, se presenta la siguiente Proposición no de Ley

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Acabar con la estrategia económica de ganar competitividad mediante la devaluación interna mediante la reducción salarial y la precariedad del empleo.

2. Incrementar el SMI de forma que se recupere el poder adquisitivo perdido entre 2010 y 2014; equiparar progresivamente la cuantía del SMI al 60% del salario medio neto estatal, estableciendo objetivos intermedios en función de la evolución de la economía española; y reformar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, para asentar sobre nuevas bases la determinación anual del SMI y evitar que se produzcan pérdidas de poder adquisitivo.

3. Retirar el Proyecto de Ley de desindexación de la economía española.

4. Recuperar la fuerza vinculante de los convenios, la capacidad de obligar de la negociación colectiva sectorial como instrumento de solidaridad y mecanismo anti-dumping salarial y  limitar los procesos de inaplicación salarial a los supuestos en que exista acuerdo entre las partes negociadoras, evitando los mecanismos de unilateralidad en la fijación de condiciones salariales de cualquier tipo.

5. Derogar la Ley 3/2012 y legislación posterior o de desarrollo en todos aquellos aspectos que incentivan la reducción de salario y las estrategias de competitividad basadas en salarios bajos y precariedad en el empleo.»

Palacio del Congreso de los Diputados.

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