A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de ley para una reproducción asistida pública para todas las mujeres para su debate en Pleno.

Por octavo año consecutivo, los movimientos LGTBI (movimiento de lesbianas, gais, transgénero, bisexuales e intersexuales) y feministas del Estado reivindican el día 26 de Abril como el Día de la Visibilidad Lésbica.

La multiplicidad de identidades con que cada persona nos identificamos, nos sitúan en un lugar determinado del escalafón social. Así, aquellas identidades menos privilegiadas por el sistema, tienen cotas mayores de vulnerabilidad. Por ello, algunas características identitarias como el origen étnico, la clase social, la identidad de género, la orientación sexual o los tipos de diversidad funcional de cada persona, son cruciales para la posición social que ésta ocupa. Y eso es algo de lo que cualquier gobierno debe hacerse cargo; así, los avances logrados en materia de igualdad no pueden opacar las múltiples formas de discriminación que prevalecen tanto en la sociedad como en las instituciones.

Y es que todavía queda mucho que reivindicar para las lesbianas, pues, de la misma manera que el patriarcado hace mella en la sociedad dificultando que las mujeres logren una igualdad de facto con respecto a los hombres, las lesbianas se enfrentan a más discriminaciones y barreras: en principio, además de por mujeres, se las discrimina porque su orientación sexual las lleva a vivir su sexualidad al margen de los hombres.

Desde Izquierda Unida queremos analizar aquí una acción del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la etapa de Ana Mato como ministra, el cual ha posibilitado que en algunas Comunidades Autónomas se excluya del acceso a las técnicas de reproducción asistida a cargo de la Seguridad Social a las parejas conformadas por dos mujeres, así como a aquellas mujeres que quieren iniciar este proceso en solitario. Esta decisión se tomó basándose en una interpretación restrictiva y dudosa de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud.

Desde IU hemos recogido algunas de las aportaciones críticas realizadas desde la calle por multitud de actores sociales con respecto a este recorte ideológico, y creemos que es nuestra obligación dar cuenta de ello. El análisis de algunos textos legales vigentes, visibiliza lo injusto y de cuestionable legalidad de esta medida.

Para comenzar, la propia ley en la que se apoyó el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad contiene una serie de deberes y principios a proteger por parte del Estado que entrarían en contradicción con dicha acción ministerial. Algunos ejemplos de ello introducidos por la ya mencionada Ley 16/2003 del 28 de mayo serían: el deber de “evitar toda discriminación entre mujeres y hombres en las actuaciones sanitarias”; el deber de garantizar la “equidad” y el “aseguramiento universal y público”; la apuesta por la “superación de las desigualdades en salud”; la proporción de “una atención integral a la salud”; así como “la potenciación del papel de los usuarios como decisores”.

Sin embargo, la interpretación de esta ley hecha por el Ministerio contradice algunos de los principios amparados en la misma y supone además la imposición, a través de la política de recortes, de una visión monolítica de la unidad familiar (en palabras de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais Transexuales y Bisexuales). Pues la interpretación ministerial establece desigualdades de partida en lo referente al acceso a la maternidad entre los diferentes modelos de familia al dar cobertura únicamente a aquellas parejas conformadas por dos adultos que mantengan una relación heterosexual y que tengan problemas de fertilidad. Por otro lado, la reforma del Ministerio no fomenta el papel de los usuarios como decisores, ya que margina a aquellas mujeres que optan por dos modelos de familia que dejan a los varones al margen, siendo claros, modelos que son juzgados negativamente por la Iglesia Católica, institución de influencia incuestionable a pesar de que nuestro Estado sea teóricamente aconfesional.

Este Ministerio tampoco ha fomentado la participación de una importante parte de la sociedad civil cuyas demandas son claras con respecto esta cuestión: los colectivos y movimientos feministas, LGTBI (lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales) y de madres solteras. Por ejemplo, un documento elaborado por la FELGTB informa de que “la inclusión de las parejas de mujeres y mujeres solas lograría una optimización de los recursos asignados a este servicio. Este grupo de mujeres precisan técnicas de RHA (Reproducción Humana Asistida) menos complejas y más baratas para obtener una gestación. Por tanto, se obtendrían más gestaciones con los mismos recursos, lo que supondría una elevación de los indicadores de eficiencia del servicio prestado”, además en ese informe se advierte de que “en un país en el que los índices de natalidad son mínimos y donde se está produciendo un descenso y un envejecimiento de la población, las políticas de natalidad han de ser pensadas con criterios de eficacia, no ideológicos de selección de dicha natalidad”.

Por último, y sin la necesidad de recurrir a argumentos sobre la optimización de los recursos públicos o sobre la mejora de las sostenibilidad demográfica, y atendiendo al ámbito de los derechos humanos, desde nuestro grupo parlamentario hacemos alusión al artículo 14 de la C.E. para denunciar esta situación, el cual establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Y este Ministerio, saltándose la ley, provoca que la mujer no sea acreedora de un derecho, sino que solo lo sea su pareja masculina, lo que, como vemos, sería inconstitucional.

 La reforma, por tanto, es ideológica y un retroceso en materia de igualdad, ámbito vital para todo sistema que se precie democrático. Se trata de la imposición de una visión conservadora, acorde al dogma católico, que, mediante el control de la sexualidad femenina, cuestiona el modelo de familia que cada mujer tiene derecho a decidir formar.  Por todo ello, se presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que de manera inmediata proceda a la modificación del anexo III, apartado 5.3.8. de la Orden SSI/2065/2014 de 31 de octubre, quedando ajustada en los términos contemplados en el R.D 1030/2006 de 15 de septiembre que establecía la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento donde se incluía a las mujeres lesbianas y a las mujeres solas en los programas de reproducción asistida pública”

Palacio del Congreso de los Diputados.  Madrid, 4 de mayo de 2015

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