EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En una sociedad democrática todas las instituciones se deberían elegir por voluntad popular y estar sometidas al control y a la posibilidad de revocación. Este es un principio básico de las sociedades basadas en la soberanía popular, donde la fuente última de todo poder y autoridad es exclusivamente la ciudadanía. Por este motivo no puede existir ninguna autoridad ni ningún poder por encima de esta. Así se hace especial referencia al principio básico de igualdad ante la ley de todo el mundo.
La Constitución española vigente establece una monarquía parlamentaria, en la que todas las instituciones del Estado son elegidas -directa o indirectamente- por sufragio universal, a excepción del jefe de Estado, que lo es por razones dinásticas. Esto constituye una anomalía y un anacronismo, compartido con otros países europeos. Pero supone un fenómeno absolutamente minoritario tanto en la Unión Europea como a nivel mundial.
La Constitución española de 1978 fue aprobada en referéndum, pero no dejaba opción a elegir la forma de Estado entre monarquía o república, sino que se trataba de ratificar o no una constitución que restablecía las libertades democráticas después de 40 años de dictadura represora. Lógicamente, la inmensa mayoría de los españoles y españolas en aquel momento votaron a favor de la Constitución. Pero eso no puede ser interpretado como un apoyo mayoritario a la institución monárquica, que nunca se ha sometido al sufragio popular.
Treinta y cuatro años después, la mayoría de la población no votó en aquel referéndum, ya que todos los que hoy tienen menos de 53 años no habían cumplido la mayoría de edad y muchos ni tan siquiera habían nacido.
Además, el apoyo de la ciudadanía a la institución monárquica ha ido reduciéndose, según se manifiesta en todos los estudios de opinión -incluidos los del Centro de Investigaciones Sociológicas-, proceso que se ha acelerado los últimos años al conocer la opinión pública diversos hechos presuntamente delictivos y otros de dudosa ética que afectan al propio monarca. Es el caso, por ejemplo, de las presuntos actividades de intermediación empresarial efectuadas por el rey, la posesión de cuentas en Suiza (situación que elude la aplicación del régimen fiscal español), así como la disposición de dinero y medios públicos por personas ajenas a la Casa Real o a toda actividad institucional oficial (como, las reuniones programadas por el Instituto Nóos en el entorno de la Zarzuela para acordar negocios presuntamente delictivos).
Ha llegado el momento en el que el pueblo español decida libre y democráticamente su forma de Estado y, por ello, presentamos la siguiente:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Las Corts Valencianes instan al Consell a:
Instar al gobierno del Estado a convocar un referéndum, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución española, para que la ciudadanía decida entre monarquía y república; de forma que, en el caso de que ganara democráticamente la opción republicana, se ponga en marcha el procedimiento de reforma constitucional establecido en el artículo 168 de la Constitución española.
Les Corts, 4 de abril de 2013

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