A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL presenta la siguiente Proposición No de Ley sobre el trastorno del espectro autista (TEA), para su debate en la Comisión de políticas integrales de la discapacidad.

El CDC (Center for Disease Control and Prevention) calcula que 1 de cada 88 niños ha sido identificado con un trastorno del espectro autista (TEA). El cálculo del CDC proviene de la Red de Vigilancia del Autismo y las Discapacidades del Desarrollo (ADDM, por sus siglas en inglés) el cual observa el número de niños de 8 años con TEA que viven en una de 14 comunidades de Estados Unidos (Baio, 2008). En España sabemos que la incidencia del autismo, o trastornos del espectro del autismo (TEA) afectan a 1 de cada 150 niños, incluyendo los casos de impacto más leve y de alto funcionamiento, y son tres o cuatro veces más frecuentes en varones que en mujeres (Federación Autismo Andalucía).

A pesar de las sabidas limitaciones existentes en materia de atención a la diversidad e inclusión educativa de las personas con TEA (bien por escasa formación de los profesionales —tanto del ámbito educativo como del sociosanitario-, bien por la carencia de recursos económicos y humanos destinados al efecto), el impacto de un TEA sobre la familia, y sobre la persona que presenta el diagnóstico, son devastadores al no haberse contemplado ni estructurado convenientemente los apoyos, recursos y estructuras necesarias para facilitar no ya una vida autónoma, sino una vida digna durante su adultez una vez que sus familiares falten.

De esta forma, en la actualidad, las personas con TEA gravemente afectadas que alcanzan la edad adulta y deben abandonar el Centro de Educación Especial, deben acceder a recursos diferentes donde se puedan garantizar determinados servicios. El dispositivo por excelencia es el Centro Ocupacional, que la LISMI definía como el que garantizará los servicios de ajuste personal y social y de terapia ocupacional. A día de hoy, los Centros Ocupacionales no contemplan la figura del terapeuta ocupacional (del cual cabe recordar que es un profesional sanitario, cuyos estudios están regulados a nivel universitario por un Título de Grado) y únicamente es requisito tener contratado un Educador que cumpla sus funciones. Esto es, por otro lado, un claro fomento del intrusismo profesional.

Por otra parte, los usuarios de los centros ocupacionales desarrollan tareas en talleres, que se destinan a satisfacer las demandas de terceros (mediante el desarrollo de manipulados, durante una jornada laboral, por la que no hay obligación de pagar una contraprestación económica), sin que se garanticen los servicios de ajuste personal y social. No hay programas estructurados que fomenten la autonomía de estas personas. No existen alternativas para la transición a la vida adulta que no consistan en “aparcar” al familiar con TEA. Y los escasos ejemplos que existen son, fundamentalmente, de índole privado, lo cual dificulta que las familias (que ya deben afrontar unos gastos muy elevados para hacer frente de forma privada a lo que no existe de forma pública) puedan acceder a ellos, básicamente, por dos motivos: pocas plazas y bajos recursos económicos.

Por todo ello se presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: promover las siguientes medidas P: Generar Políticas Activas de Atención a la Discapacidad y de fomento de la vida independiente que garanticen la calidad de vida de las personas con TEA.

a) Regular el funcionamiento de los servicios, de forma que se garanticen en los Centros Ocupacionales la atención adecuada a las personas con TEA.

b) Se garanticen y optimicen los recursos públicos destinados a este fin,promoviendo la inspección de servicios.

d) Garantizar la atención profesional especializada y adecuada a las personas con TEA en dichos servicios, dotándoles de los recursos públicos necesarios.

e) Que se promuevan sistemas de orientación especializada y profesionalizada a familiares.

f) Se promueva y legisle un sistema que proteja a este colectivo por su extrema vulnerabilidad, con programas públicos profesionalizados de transición a la vida adulta y pisos tutelados, que fomenten la autonomía de estas personas.

Palacio del Congreso de los Diputados Madrid, 12 de marzo de 2014

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