A LA MESA DE LES CORTS
Rosario Margarita Sanz Alonso y Marina Albiol Guzmán, sindica y diputada del Grupo Parlamentario Esquerra Unida, respectivamente, al amparo de los artículos 160 y siguientes del RCV, presentan la siguiente proposición no de ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Dentro de las políticas crecientemente restrictivas de la inmigración se encuentran los centros de internamiento de emigrantes, donde las personas inmigrantes se ven privadas de libertad y derechos por lo que no constituye más que una falta administrativa. Actualmente en la ciudad de Valencia está funcionando el CIE de Zapadores.
No podemos ignorar que, generalmente, las personas migrantes lo hacen forzadas por la imposibilidad de sobrevivir en sus sociedades de origen, por causas de guerra, dictaduras, empobrecimiento, pérdida de recursos, etc.; causas en las que muchas veces hay una cuota de responsabilidad -por acción u omisión- atribuible a los países a los que se acogen. No sólo les negamos el derecho a migrar, sino que no hemos contribuido suficientemente para que pudieran ejercer su derecho a no migrar.
Por ello no podemos aceptar la propia pervivencia de los centros de internamiento para extranjeras y extranjeros (CIE), instituciones que tienen el funcionamiento de prisiones alegales, donde se sufre pena de privación de libertad -sin que se haya producido la comisión de un delito ni se haya dictado una sentencia legal-, sobre la base de la mera falta administrativa por no tener la documentación requerida en cualquier control arbitrario de la policía efectuado, además, por la mera condición étnica de la persona identificada. Es una situación de detención y control para facilitar un trámite de expulsión que, además, no se produce finalmente en la mayoría de los casos y que suele acabar después de largos meses de encierro (con un coste para los presupuestos superior a los de integración y asistencia social) con la puesta nuevamente en la calle de estas personas.
Tampoco resulta aceptable para la salud de nuestra democracia, el secretismo y la falta de información por parte de la administración central sobre estos centros y su funcionamiento. Y aún más vergonzoso resulta, si es posible, que haya tenido que ser la vía judicial la que haya tenido que fijar las medidas mínimas de dignidad para las y los internados en estos CIE, que intolerablemente estaban situadas por bajo de las de las personas internadas en instituciones penitenciarias por delitos comunes. Resulta una afrenta para los valores progresistas de un estado social y de derecho que mejoras elementales en el régimen de visitas y asistencia letrada, de condiciones materiales de los centros e, incluso, de dignidad de trato, hayan sido ganados ante un juez y no por la insistente demanda al Ministerio de Interior y ante la Delegación de Gobierno.
Por todo lo que expuesto y en concordancia con la irrenunciable aspiración a establecer una sociedad valenciana plenamente democrática, en los valores y en el libre ejercicio de los derechos de ciudadanía para todas las personas residentes en nuestro territorio, presentamos la siguiente:
PROPOSICIÓN NO DE LEY
1. Las Corts Valencianes declaran el País Valenciano territorio de acogida, exento de CIE y de medidas atentatorias a los derechos y la dignidad de las personas, donde no se alientan las actitudes xenófobas y se respetan los derechos de ciudadanía de los residentes.
2. Las Corts Valencianes instan al Gobierno del Estado al cierre inmediato de los centros de internamiento para personas extranjeras actualmente abiertos en esta comunidad autónoma.
Les Corts, 7 de febrero de 2012
Rosario Margarita Sanz Alonso
Marina Albiol Guzmán

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